Un hogar de protección canina ubicado entre las veredas Vático y Eseas, en Carmen de Carupa (Cundinamarca), que recibía donaciones y aportes materiales para la manutención de perros recuperados por estar en situación de abandono o que enfrentaban riesgo inminente en la calle, se habría convertido en realidad en un lugar de hacinamiento y que brindaba precarias condiciones de protección.

En diligencias realizadas en diferentes momentos y de manera coordinada con la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC), se constató que en el inmueble se alcanzaron a albergar en encierro a más de 300 perros en condiciones que comprometían su salud y bienestar.

Durante una visita hecha el 12 de agosto de 2022, se encontraron animales sin acceso suficiente a alimento y agua, y en un entorno que no contaba con la estructura ni los recursos que garantizaran la protección eficiente. Esto generó afectaciones a la integridad física de los caninos, algunos presentaban cuadros de desnutrición, enfermedades y lesiones.

En ese sentido, un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) imputó a la dueña del albergue, el delito de maltrato animal. El cargo no fue aceptado.