En estos dos departamentos la Unidad hace presencia en 9 municipios con centros de atención presencial. Directora territorial entregó balance.

Al cumplirse 10 años de vigencia de la ley 1448 de 2011, la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en los departamentos de Caquetá –Huila presenta un panorama de los avances obtenidos desde el 7 de agosto de 2018, con corte al 30 de abril de 2021.

Según explicó la directora territorial Yhina Paola Lombana López, desde que entró en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011), en los departamentos de Caquetá y Huila se ha logrado dignificar, reconocer, atender, asistir y reparar a cientos de los sobrevivientes de hechos sucedidos en el conflicto armado desde 1985.
Según las estadísticas, en los dos departamentos hay 389.630 personas en calidad de víctimas individuales, de las cuales 364.155 corresponden a sujetos de atención o reparación que cumplen con los requisitos para acceder a las medidas y beneficios establecidos en la Ley.

Sujetos colectivos

El 25,2 por ciento de la población localizada en la jurisdicción donde se encuentra esta dirección territorial es víctima.

Así 36 comunidades, organizaciones y grupos están incluidos en el Registro Único de Víctimas como sujetos de reparación colectiva.
Presencia territorial

La Unidad hace presencia en nueve lugares ubicados en Garzón y La Plata en (Huila) y San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, La Montañita y San José del Fragua en (Caquetá).

Así mismo, se cuenta con tres Centros Regionales para atender a las víctimas en los municipios de Florencia (Caquetá), Neiva y Pitalito en (Huila).

Indemnización Individual

En materia de reparación individual se ha indemnizado a 12.256 personas, realizando una inversión de 89.346 millones de pesos con el objetivo de mejorar los proyectos de vida de las víctimas.

Reparación Colectiva

Se han implementado dos acciones reparadoras con una inversión de 1.214 millones de pesos en un sujeto; desarrollado la medida de rehabilitación comunitaria con dos colectivos; y construidos cuatro documentos de diagnóstico o caracterización del daño.

Retornos y Reubicaciones

Se han desarrollado iniciativas dirigidas al arraigo, la integración local y la generación de ingresos para 42 comunidades y 327 hogares, con una inversión de 3.963 millones; 128 hogares han sido apoyados con el transporte de enseres por 164 millones; 1.378 hogares recibido apoyo para la sostenibilidad de su proceso por 586 millones; y una estrategia Tejiéndonos con dos comunidades para el fortalecimiento del tejido social.

Medidas de Rehabilitación y Satisfacción

En materia de reparación integral, es importante tener en cuenta que la reparación no es únicamente la indemnización. Por eso, se ha garantizado el acceso de 7.351 víctimas a la medida de rehabilitación y 9.516 a medidas de Satisfacción.

Prevención: proyectos de infraestructura

Se han apoyado 19 proyectos de infraestructura social y comunitaria con una inversión de 1.872 millones de pesos en 15 municipios.

Prevención: proyectos agropecuarios

Con el suministro de insumos y herramientas agropecuarias, se han apoyado 10 proyectos con una inversión de 558 millones de pesos.

Ayuda humanitaria Inmediata

En cumplimiento de los principios de subsidiariedad, concurrencia y complementariedad se entregó ayuda humanitaria en dinero y en especie por 946 millones de pesos a más de 1.053 hogares.

Atención humanitaria

La Unidad ha atendido a hogares víctimas de desplazamiento forzado con 120.037 giros de atención humanitaria en las etapas de emergencia o transición por 70.844 millones de pesos.

Avance en cuanto a sujetos de reparación colectiva.

A la fecha, 129.111 personas han superado la situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento forzado.

Para Lombana, la idea es “continuar optimizando el componente de indemnización administrativa e implementar una estrategia de acompañamiento integral en la entrega de esta medida y seguir con los procesos de retorno, reubicación, integración local y reparación colectiva, con las autoridades locales y su visión de desarrollo de los territorios”.

Finalmente, consolidar el deber de memoria y verdad en contribución a la reparación simbólica y en el marco de la política de prevención apoyar medidas para la protección de líderes y víctimas.

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