Ante el paro armado anunciado por las disidencias de la Farc en varias comunidades de Caquetá y Putumayo, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las entidades territoriales de esos departamentos adelantar las acciones pertinentes para atender las situaciones humanitarias que puedan presentarse.

En ese sentido, de ser procedente, deberán activar sus respectivos planes de contingencia para atender hechos que puedan generarse, tales como un posible confinamiento y/o desplazamiento de comunidades, priorizando la alimentación, salud, albergue y movilidad, entre otros.

La Regional de Instrucción de Caquetá se refirió a la articulación de acciones, desde los Comités Territoriales de Justicia Transicional, entre las entidades nacionales y territoriales para el proceso de atención integral y la adopción de decisiones correspondientes para la implementación de la atención humanitaria y el seguimiento correspondiente.

El ente de control también recordó que los municipios, en su condición de primer respondiente, deberán garantizar la atención de los hechos victimizantes presentados bajo su jurisdicción y, cuando la magnitud o la recurrencia de los sucesos supere la capacidad su respuesta, deberán soportarlo y acudir al ente departamental.

Si el ente departamental ha excedido su capacidad de repuesta, deberá acudir al orden nacional representado en la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Victimas para que brinde el apoyo solicitado según las particularidades de cada caso.

Por último, la Procuraduría solicitó a las personerías municipales que “realicen seguimiento a la presente situación humanitaria, atiendan de manera oportuna los casos individuales que se presenten y dispongan las coordinaciones correspondientes para atender un eventual evento masivo que se llegue a presentar realizando la caracterización del evento masivo”.