La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra 16 concejales de Florencia (Caquetá) para el año 2022, por posible extralimitación en el ejercicio de sus funciones, al aprobar un acuerdo que ampliaba las actividades de las Empresas Públicas Aguas de Florencia S.A.S. E.S.P.

De acuerdo con la investigación, los entonces cabildantes habrían excedido sus competencias al autorizar la ampliación del objeto social de la citada empresa de servicios públicos incluyendo dentro de este el catastro multipropósito, servicio ajeno a la naturaleza y objeto que la ley establece para este tipo de empresas.

Adicionalmente, se habrían incorporado actividades propias de la gestión del servicio público catastral, que, por mandato legal, corresponden directamente al Estado, ya sea por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en su condición de máxima autoridad catastral nacional, por los entes territoriales y esquemas asociativos de entes territoriales.

Los cobijados con la decisión son: Nolberth Augusto Almario Arguello, Jhon Jairo Andrade Pinzón, Martha Lucía Cabrera Bravo, Luz Stella Castro Peñuela, Heidy Cerquera Angel, Martha Cecilia Cortés de Ortega, Eyder Cifuentes Muñoz, Neyson González Gustavo, Álvaro Hernández Salazar, Estefanía Núñez Perdomo, Camilo Penagos Pacheco, Carlos Arbey Rubiano Borda, Diego Felipe Silva Cabrera, Gersaín Torres Figueroa, Jovanny Vásquez Gutiérrez y William Vera Figueroa.

La conducta de los investigados fue calificada provisionalmente por la Procuraduría Regional de Instrucción de Caquetá como grave a título de culpa grave.