La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al actual agente especial interventor de Asmet Salud EPS S.A.S., Lain Eduardo López Martínez por el presunto deterioro de la prestación del servicio de salud a sus usuarios.

A través de un comunicado, el ente disciplinario agregó que decidió abrir investigación a los exagentes especiales interventores de la misma EPS, desde la vigencia 2023 a la fecha: Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.

“La delegada para la Vigilancia Administrativa busca esclarecer si los funcionarios públicos incumplieron con sus obligaciones, debido a que, al parecer, se incrementaron las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias (PQRS), acciones de tutelas e incidentes de desacato durante la intervención forzosa administrativa de la EPS”, señala.

Además, el organismo de control indica que “trata de establecer las razones por las que, presuntamente, existe un importante deterioro de la sostenibilidad financiera de la entidad, en el aumento de la siniestralidad, de una contratación irregular y de los pasivos; como también, en una posible disminución del patrimonio, los activos, las condiciones tecnocientíficas y administrativas de esta”.

“Esta decisión obedece a las visitas preventivas realizadas por el ente de control para corroborar si las acciones de los servidores públicos, desde la medida de la Superintendencia Nacional de Salud, presuntamente no contribuyeron al mejoramiento de las condiciones de acceso a los servicios de salud, sino, por el contrario, una presunta precaria e ineficiente atención para los 1.585.721 afiliados, 96% de ellos del régimen subsidiado. Por lo tanto, se ordenaron las prácticas de pruebas necesarias que aclaren los hechos que son motivos de la presente investigación”, concluye.

Ante esta decisión, el sindicato de Asmet Salud refiere que la decisión confirma la grave crisis que vienen denunciando. Así las cosas, exigen a la Superintendencia Nacional de Salud un pronunciamiento oficial claro frente a la situación actual de la interventoría y la designación urgente de un agente interventor con “idoneidad técnica, experiencia comprobada y garantías de transparencia”. Además, la implementación de un plan de contingencia que permita restablecer la prestación oportuna de los servicios de salud, garantizar el pago oportuno de los salarios a los trabajadores, así como el cumplimiento de todas las garantías laborales.