La Coordinación Municipal del Pacto Histórico de San Vicente del Caguán manifestó su profunda preocupación por la situación que se presenta en el Asentamiento de la Asociación de Vivienda Popular Nueva Colombia, ubicado en el predio Villa Nohora. La organización rechazó categóricamente cualquier acto de violencia o uso desproporcionado de la fuerza y advirtió que, sin respaldar ocupaciones de hecho, toda intervención estatal debe hacerse bajo la Constitución, el Estado Social de Derecho y los estándares internacionales de derechos humanos. Para el Pacto Histórico es prioritario activar el diálogo y la concertación antes que medidas que pongan en riesgo la vida y la dignidad de las personas.

Señalaron que en el asentamiento, establecido desde el 1 de junio de este año, habitan entre 4.000 y 4.500 familias, equivalentes a una población estimada de 15.000 a 18.000 personas. Aseguran, que entre ellas se encuentran niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado y población campesina, todos sujetos de especial protección constitucional. Por ello solicitaron una caracterización oficial, integral e inmediata por parte de las entidades del orden municipal, departamental y nacional.

Indican además, que el predio es un bien administrado por el Fondo para la Reparación de las Víctimas y cuenta con medida de protección de la Unidad de Restitución de Tierras, por lo que cualquier actuación debe garantizar el debido proceso y armonizar los derechos de las víctimas con los de las familias asentadas.

Advierten que la situación se enmarca en un problema estructural: San Vicente del Caguán registra un déficit habitacional superior a 10.000 viviendas. Como municipio PDET y ZOMAC, señalaron, las respuestas no pueden ser solo operativas. En ese sentido hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional, a los ministerios del Interior y de Vivienda, a la Unidad para las Víctimas, al Fondo para la Reparación, a la URT, a la Defensoría, a la Procuraduría, a la Gobernación del Caquetá y a la Alcaldía, para que adopten medidas que protejan la vida y los derechos fundamentales, bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y se instalen mesas de diálogo que construyan soluciones duraderas.

Finalmente, pidieron el acompañamiento permanente de la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP-OEA. También invitaron al Gobernador del Caquetá, al Alcalde, a congresistas, diputados y concejales a promover escenarios institucionales de concertación. “La defensa de la vida, la convivencia pacífica y la protección de los derechos humanos deben estar por encima de cualquier diferencia política”, concluyó la Coordinación Municipal del Pacto Histórico.