La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAV) instalará los próximos 22 y 23 de julio, en Bogotá, las audiencias públicas del Juicio Adversarial Transicional contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como presunto responsable en calidad de coautor del crimen de lesa humanidad de persecución, cometido en asocio con las extintas Farc-EP.

La JEP indicó que el inicio de la fase oral y pública del juicio se da después de un amplio debate procesal en el que el compareciente y su defensa presentaron dos solicitudes de nulidad y una de prescripción, todas negadas de manera definitiva por la Jurisdicción en primera y/o segunda instancia. En esas decisiones, la sección reiteró que no permitirá el uso de recursos o acciones “notoriamente improcedentes” destinadas a entorpecer o dilatar el avance del proceso y la administración de justicia.

“De acuerdo con la acusación de la UIA, el exrepresentante a la Cámara por Caquetá habría sido coautor de un plan criminal articulado con las extintas Farc-EP para exterminar al grupo político asociado a la familia Turbay Cote y consolidar el control político del departamento. Esta estrategia de persecución por motivos políticos habría incluido asesinatos y secuestros de, al menos, 30 líderes, simpatizantes y colaboradores, entre ellos seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador”, señala la entidad en un comunicado.

Y añade: “Uno de los hechos más graves atribuidos a este presunto plan criminal fue la masacre del 29 de diciembre de 2000, ejecutada por la Columna Móvil Teófilo Forero de las extintas Farc-EP, en la que fueron asesinados Diego Turbay Cote —quien presidía la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes— y su madre, Inés Cote de Turbay. En el mismo ataque también murieron Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos”.

Agrega que durante las audiencias del 22 y 23 de julio, la sección resolverá las estipulaciones probatorias acordadas por las partes y escuchará la sustentación oral sobre la pertinencia de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida, que fue descubierta y solicitada durante la etapa preparatoria y que no haya sido sustentada previamente por escrito. Al finalizar esta etapa, se le otorgará al compareciente la oportunidad de manifestar si desea realizar un reconocimiento tardío de responsabilidad o si continuará el trámite del juicio adversarial. Una vez surtido ese momento procesal, la sección iniciará la práctica de pruebas en audiencia pública.

El citado comunicado termina diciendo que este será el primer proceso en la JEP que, en el marco de conductas atribuidas a las extintas Farc-EP, avanza hacia un Juicio Adversarial Transicional, la vía por la que transitan los comparecientes que no reconocen responsabilidad y optan por defenderse en juicio. De continuar en esta vía y ser hallado culpable, el compareciente podrá ser condenado a una pena ordinaria de hasta 20 años de cárcel.