El Presidente Abelardo De La Espriella firmó el Decreto 1261 de 2026, con el que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica con vigencia de 30 días calendario por la grave calamidad pública que dejó el terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026.

La declaratoria habilita al Gobierno para adoptar medidas extraordinarias en materia presupuestal, contractual, crediticia, tributaria y financiera, así como para crear fondos especiales y reorientar recursos de fondos que no estén comprometidos.

Uno de los ejes centrales de la respuesta es la recuperación habitacional. El Gobierno podrá flexibilizar y ampliar los subsidios de vivienda, facilitar el reasentamiento y el alojamiento transitorio de las familias afectadas, y proteger a los hogares “frente a posibles distorsiones en los mercados de arrendamiento y materiales de construcción”. También se contemplan medidas extraordinarias en licenciamiento, habilitación urbanística, uso del suelo y modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial, siempre “respetando la autonomía de las entidades territoriales”.

La emergencia busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud en los territorios afectados y garantizar la continuidad de la atención a la población damnificada, así como la continuidad de la afiliación y las prestaciones del Sistema de Seguridad Social. En educación, se podrán contratar servicios de acompañamiento pedagógico y psicosocial itinerante y adquirir dotación tecnológica y mobiliario, además de garantizar la alimentación escolar cuando los establecimientos educativos “hayan sido destruidos o hayan quedado inhabilitados”.

El Gobierno podrá intervenir infraestructura de competencia territorial “cuando las entidades responsables no tengan capacidad suficiente para hacerlo”, y superar temporalmente restricciones contractuales cuando la magnitud de las obras lo requiera. En telecomunicaciones, se buscará “la continuidad y recuperación de los servicios de comunicaciones” mediante el uso temporal de infraestructura disponible y la flexibilización de procedimientos de despliegue de redes.

El decreto contempla mecanismos de compensación de tasas, coberturas, subsidios de comisiones, períodos de gracia y garantías a través de entidades del Grupo Bicentenario. Además, habilita temporalmente a determinadas cooperativas del sector financiero para ampliar sus operaciones hacia población afectada que no sea actualmente asociada, “bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad”.

Se facilitará el uso de recursos del Sistema General de Regalías y, bajo la modalidad de préstamo, del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), para atender las consecuencias económicas y sociales del desastre. También se ampliará temporalmente el mecanismo de Obras por Impuestos, y bienes administrados por el Fondo la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra Crimen Organizado (FRISCO) podrán destinarse a “albergues temporales, centros de acopio, reasentamiento de familias vulnerables y obras de infraestructura”.