Fiscalía define estrategia contra delitos electorales para 2026

La Fiscalía General de la Nación anunció que está preparada para las elecciones legislativas y presidenciales. A través de la resolución 0047 de 2026, la entidad adoptó una estrategia especial de carácter transitorio “para atender y avanzar en los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de las jornadas electorales”.
De acuerdo con el boletín emitido, habrá “mayor presencia en regiones; seguimiento, análisis y articulación de actividades de policía judicial para identificar las conductas ilícitas que más inciden en el desarrollo normal de los certámenes democráticos, y difusión de los canales de denuncia”. Además, se elaboró un mapa de riesgo electoral que permite identificar fenómenos delictivos en las regiones para la priorización de las zonas con mayores probabilidades de afectación.
La estrategia incluye “análisis integrales sobre las denuncias recibidas y las investigaciones que se siguen por cualquiera de los 16 delitos electorales, así como las alertas conocidas por presencia o posible injerencia de los grupos armados ilegales”. Para ello, habrá articulación permanente con la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional del Estado Civil, además de mesas de trabajo con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos frente a posibles acciones violentas contra candidatos y líderes sociales.
En materia de financiación de campañas, la Fiscalía precisó que se creará un Observatorio de Financiación Electoral para “verificar asuntos relacionados con la violación de topes, gastos de campaña y fuentes de financiación”, cuyas valoraciones permitirán construir una herramienta de seguimiento y emitir informes focalizados en territorio.
La Fiscalía también informó que los días 8 de marzo y 31 de mayo trabajará en articulación con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior, mediante la disposición de puntos de recepción de denuncias en lugares de alta afluencia de votantes o donde no haya presencia física de la entidad.







