El Consejo de Estado decidió frenar de manera provisional el decreto 1469, mediante el cual el Gobierno estableció el salario mínimo para 2026 con un aumento del 23 %. La medida se tomó mientras el tribunal revisa varias demandas que ponen en duda la legalidad de ese ajuste.

Quienes interpusieron las acciones judiciales sostienen que el incremento no se sustentó adecuadamente en los criterios técnicos que exige la ley, como la inflación, la productividad y el crecimiento del PIB. Por ello, el alto tribunal optó por suspender temporalmente el decreto mientras analiza el caso.

Además, ordenó al Gobierno expedir en un plazo de ocho días un nuevo decreto provisional que establezca un aumento acorde con los parámetros económicos vigentes. Asimismo, aclaró que esta decisión es preventiva y no implica un pronunciamiento definitivo sobre la validez del aumento.