La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por la crisis financiera que afecta la prestación de los servicios de salud en Caquetá, con especial atención en el Hospital Departamental María Inmaculada. La actuación busca establecer qué servidores públicos podrían tener responsabilidad frente a las dificultades que atraviesa la institución.

El proceso pretende verificar si el represamiento de cartera y los problemas en el flujo de recursos de las EPS Asmet Salud, Nueva EPS y Sanitas han generado efectos administrativos, financieros y asistenciales en el hospital. Una queja puesta en conocimiento de la Procuraduría señala retrasos en salarios, prestaciones sociales y honorarios, además de dificultades para cumplir con pagos a proveedores y eventuales reducciones o suspensiones de servicios y personal.

La Procuraduría Regional de Instrucción Caquetá ordenó la práctica de pruebas para determinar las circunstancias de la situación y establecer posibles responsables. Además, remitirá a la Procuraduría Delegada de Instrucción Tercera para la Vigilancia Administrativa una queja contra el ministro de Salud y los dos últimos superintendentes nacionales de Salud, por corresponder a esa dependencia la competencia disciplinaria sobre dichos funcionarios.

Imagen de referencia: Procuraduría General de la Nación.