Alcalde de Florencia participó de cumbre nacional sobre convivencia
El mandatario hizo un llamado para priorizar la presencia del Estado y realizar una transformación económica en los territorios. El evento fue organizado por Asocapitales y el Ministerio de Defensa
Hoy, en el marco de la Primera Cumbre de Convivencia, Seguridad y Justicia con Ciudades Capitales, celebrada en Bogotá, el alcalde de Florencia, Marlon Monsalve Ascanio, destacó la importancia de comprender la realidad territorial y fortalecer la presencia del Estado para abordar los desafíos de seguridad y convivencia ciudadana.
En su intervención, el mandatario destacó la necesidad de un mayor esfuerzo en inversión por parte del Estado para abordar la seguridad y convivencia ciudadana de manera integral, involucrando a todos los sectores pertinentes. Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Nacional para motivar y dotar adecuadamente a la fuerza pública en el territorio de Florencia.
El alcalde Monsalve Ascanio alertó sobre la presencia creciente de disidencias y grupos al margen de la ley en Florencia, que están afectando la seguridad ciudadana y extorsionando a la población.
Destacó los esfuerzos operacionales realizados en la ciudad, que han permitido desarticular bandas criminales y mejorar algunos indicadores de seguridad, aunque reconoció la necesidad de enfrentar la percepción negativa que persiste en algunos sectores.
Además, subrayó que es necesaria una transformación del modelo de desarrollo económico de Florencia y el territorio amazónico, hacia el turismo de naturaleza y la protección ambiental. En este sentido, anunció su intención de presentar un proyecto de acto legislativo para que Florencia sea reconocida como un distrito turístico, de naturaleza, ambiental y de paz, con el fin de fortalecer la inversión y la cooperación internacional en la región.
Finalmente, el Alcalde destacó la importancia de fortalecer los planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana, a pesar de los desafíos financieros que enfrenta el municipio. Instó a impulsar desde el Congreso una política pública de seguridad humana como política de Estado, para garantizar un compromiso sostenido con la protección y el bienestar de los ciudadanos.
