Gracias a la Sentencia 016 del 23 de marzo del 2018, el emblemático municipio de San Vicente del Caguán deja de ser un protagonista de la violencia para convertirse en un lugar de paz. El fallo judicial permite devolver el predio La Danta y reconoce como víctimas del conflicto armado a su propietario y núcleo familiar, quienes sufrieron las inclemencias de la violencia a manos de la guerrilla.

En consecuencia, una familia caqueteña, de las miles que vivieron el flagelo de la violencia, fue obligada a salir de su predio por el homicidio de su hijo menor, quien fue integrante del Ejército. Esta familia fue calificada, por las Farc, de estar al servicio de las Fuerzas Militares, por lo que debieron abandonar sus tierras.

Ahora su historia de dolor, acontecida en el 2012, da un giro de 180° gracias a la primera sentencia de restitución de tierras emitida para el departamento de Caquetá. Estos campesinos se convierten en pioneros, dando una voz de esperanza a cientos de personas que, en estos momentos, esperan una respuesta positiva, de parte de los jueces de la República.

En la vereda La Danta, donde se encuentra ubicado el predio, sucedieron enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército, lo que generó temor e inseguridad en la comunidad. Ante este escenario, el juez determinó que al solicitante y su núcleo familiar les sea otorgada la devolución del predio, que mide 44 hectáreas; y una serie de beneficios establecidos en la Ley, para mejorar sus condiciones de vida y gozar de la reparación integral de sus derechos.

Dentro de los beneficios otorgados mediante el fallo se encuentra un subsidio de vivienda rural, que le permita a la familia contar con una casa digna para habitar; la implementación de un proyecto productivo, para la sostenibilidad económica de la familia; y la condonación y exoneración de tasas o contribuciones del orden municipal.
De igual forma, en la sentencia se ordena al ICBF y al SENA, de acuerdo con sus competencias, visitar a la familia del beneficiario para realizar un diagnóstico de las necesidades. El SENA debe vincular a los hijos del solicitante a programas de capacitación técnica o tecnológica, de conformidad con las ofertas educativas que disponga.

El Ministerio de Salud y Protección Social deberá verificar si las personas restituidas se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social. De no estarlo, deberá ingresarlos, aplicando el enfoque diferencial por tratarse de personas víctimas de desplazamiento.
Uno de los temas que más preocupó dentro del proceso fue la seguridad; la víctima evidenció su deseo de retornar al predio, siempre y cuando contara con garantías en este aspecto. El juez determinó que las autoridades militares y policiales coordinen las actividades y gestiones necesarias, para brindar seguridad en el retorno de la víctima y su familia, al territorio.

Esta sentencia representa un hito para el departamento de Caquetá. Las personas que fueron víctimas de despojo y abandono podrán regresar a sus tierras, gracias al proceso de restitución, con la seguridad de vivir en un territorio donde se recogen los frutos de la paz