Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que el Tribunal Superior de Florencia, Caquetá, confirmara la condena contra Jhon Alexander Silva Camacho a la pena de 8 años de prisión, por su responsabilidad en el delito de concusión.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2014, cuando el entonces patrullero, adscrito a la Unidad de Automotores de la Sijin, contactó a la propietaria de una motocicleta que había sido recuperada por las autoridades, y le exigió el pago de 350.000 pesos, a quien le informó que dicho dinero era para una fuente que iba a revelar la ubicación del vehículo.

Además, le advirtió que, de no acceder la exigencia económica, la moto podría desaparecer. La Fiscalía demostró que el hoy condenado aprovechó su condición de servidor público y la información obtenida en ejercicio de sus funciones, para obligar a la víctima a entregar una suma de dinero sin sustento legal.

El Tribunal concluyó que las pruebas testimoniales y documentales acreditaron la conducta ilícita y ratificó la sentencia emitida en primera instancia por un juzgado de conocimiento.

Como pena accesoria, este hombre deberá pagar una multa equivalente a 66,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 6 años. Se emitió orden de captura contra Silva Camacho, para que cumpla su condena en centro penitenciario.

Ante esta decisión procede el recurso de casación, es decir, de impugnación que se presenta ante el máximo tribunal de justicia para anular una sentencia.